Chile investigará por primera vez la muerte de Allende

La Justicia chilena investigará por primera vez las circunstancias de la muerte del ex presidente Salvador Allende, fallecido el 11 de septiembre de 1973, en el interior de La Moneda (sede de Gobierno), durante el golpe de estado en Chile.

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Salvador Allende representó el primer experimento de la izquierda latinoamericana por llegar democráticamente al poder y de desarrollar sus programas desde las instituciones del sistema.

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Allende, médico de profesión, y experimentado político marxista, fue elegido presidente de Chile el 4 de noviembre de 1970 y ejerció su mandato hasta el golpe de Estado encabezado por el general Pinochet, que llegó a bombardear con aviones el Palacio de la Moneda, en una imágenes que quedaron grabadas en la memoria de millones de personas en Latinoamérica y en el resto del mundo.

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Inicialmente los pocos supervivientes de aquella jornada dijeron que Allende había sido asesinado por los militares que lograron entrar en el palacio, pero años después el médico personal del presidente constitucional explicó que el mandatario había decidido quitarse la vida con su propio fusil y no permitir que le detuvieran ni encarcelaran.

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El caso del ex mandatario de la Unidad Popular (UP) se encuentra entre las 726 querellas por violaciones a los derechos humanos hasta ahora desconocidas por la Justicia que fueron presentadas por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile.

La fiscal presentó las querellas ante el juez especial en su calidad de representante del Ministerio Público Judicial, quien ahora deberá indagar las circunstancias de la muerte de Allende.

La justicia chilena deberá decidir ahora si la versión del suicidio, ( la más aceptada comúnmente, ) es realmente la verdadera.

Las causas presentadas corresponden a casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) respecto de las cuales no se habían abierto hasta ahora acciones judiciales.

Los libelos se fundamentan en que los procesos por este tipo de víctimas deben tener un horizonte de término en la investigación de todos los casos y que no es posible que se perpetúen en el tiempo.

Las querellas se presentan después de que el año pasado el magistrado de la Corte Suprema de Chile, en su calidad de coordinador para casos de derechos humanos, detectara que existían casos de víctimas de violaciones de derechos humanos en los que no existían acciones interpuestas por sus representantes.

Ante ello se elaboró un catastro para verificar el número total de personas que figuraban en esta calidad y se encomendó a la fiscal la redacción de las querellas respectivas.

Según datos oficiales, durante la dictadura de Augusto Pinochet murieron unas 2.300 personas a manos de agentes del Estado, de las cuales unas 1.192 tienen aún la condición de detenidos desaparecidos.